Radiografía chiapaneca en la 4T [ por Luis hernández Navarro. La jornada ]

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El cuerpo de Noé Jiménez Pablo, rociado con ácido, fue encontrado en un basurero, a tres kilómetros de la cabecera municipal de Amatán, Chiapas. Tenía balas en el abdomen y el pecho. Su cabeza y rostro estaban completamente desfigurados.

Un día antes, el 17 de enero, un grupo de pistoleros al servicio de los hermanos Carpio Mayorga, caciques de Amatán, salieron de la casa del ex presidente municipal Wilber, hermano de Manuel, el actual alcalde, con pasamontañas y armas de alto calibre. Dispararon y golpearon salvajemente a los integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común, quienes, desde hace cinco meses, instalaron un plantón pacífico frente al palacio municipal, para exigir la destitución del edil. Noé quedó tendido en el suelo hasta que los paramilitares se lo llevaron.

Jiménez Pablo era dirigente del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional y del Movimiento por la Paz. Era activo participante en la lucha contra el cacicazgo de los hermanos Carpio Mayorga. Amatán es un municipio que hace frontera con Tabasco, parte del corredor por el que el crimen organizado transporta drogas, armas y migrantes indocumentados.

El clan Carpio Mayorga tiene el control del municipio desde años. Está cobijado por el ahora senador por Morena Eduardo Ramírez Aguilar, y por el ex gobernador Manuel Velasco. Manuel de Jesús fue alcalde entre 2001 y 2004 con el PAN, y repitió entre 2012 y 2015 con el PVEM. Su hermano Wilbert lo sucedió en el cargo con el mismo partido político entre 2015 y 2018. Y en 2018, Manuel de Jesús ganó nuevamente la presidencia municipal con Morena. Este partido lo postuló a pesar de su nefasto historial y de las denuncias que hicieron en su contra los integrantes del Mocri.

El homicidio de Noé en Chiapas dista de ser un hecho excepcional. En los primeros días de enero fue asesinado el defensor de derechos humanos del municipio de Arriaga, Sinar Corzo. Horas después de salir de una reunión con autoridades municipales para demandar la construcción de caminos y el mejoramiento de las comunidades pesqueras, dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon después de llamarle por su nombre. Ya había sido amenazado de muerte. Defendía a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre de 2017, y el derecho al agua, a la salud y a servicios básicos de los habitantes del municipio.

Grupos armados ligados a los cacicazgos locales han desplazado forzadamente a miles de indígenas en municipios y comunidades como Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama y Chavajeval. Y han generado violencia en lugares como Yajalón. El terror reina allí. Están protegidos por funcionarios públicos de distintos niveles. Sus orígenes son distintos y responden a intereses diferentes. En algunos casos, esos grupos son los sucesores del paramilitarismo nacido del conflicto armado interno. En otros, son creación de cacicazgos locales. Militan en varios partidos políticos. Tanto en la administración de Manuel Velasco como en la actual del morenista Rutilio Escandón han sido indiferentes a la crisis humanitaria de los desplazamientos forzados. Han tratado de administrar y minimizar los conflictos, sin solucionarlos.

Esta violencia no es un hecho fortuito. Proviene de la naturaleza de la estructura del poder político en Chiapas. Son parte intrínseca de su funcionamiento. Dos ejemplos, entre muchos más. El nuevo fiscal de justicia de esa entidad, Jorge Luis Llaven Abarca, es responsable de varios casos de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y actos de tortura, cometidos cuando fue delegado de la Procuraduría General de la República y como titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, de la entonces Procuraduría General de Justicia de ese estado. Recomendaciones de la CNDH, como la 26/2002, lo documentan. El nuevo auditor superior, José Uriel Estrada Martínez, estuvo preso en 2006 tras ser acusado de participar en la tortura y ejecución del líder campesino Reyes Penagos Martínez.

Muchos de los apellidos que dominan hoy la política chiapaneca son los mismos que hace décadas sentaron sus reales en ese estado. Son herederos de los viejos finqueros, hoy reconvertidos en empresarios al amparo de la administración pública. Resurgieron del golpe que el levantamiento armado les propinó en 1994, primero de la mano del PRD y luego del Partido Verde y, hoy, de su transmutación local en Morena. Otros, son producto de una nueva generación de políticos. Este es el caso de los senadores de Morena, provenientes de las filas del PVEM. Sasil de León es hija de Óscar de León González, quien llegó a Chiapas en 1994, y fundó Unidad Nacional Lombardista (Unal), grupo de gestión y choque, estrechamente vinculado al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, dedicado a combatir al zapatismo. Y Eduardo Ramírez de Aguilar, operador político del ex gobernador Manuel Velasco, figura clave en reclutar los peores cacicazgos indígenas ligados al PRI a las filas del partido Verde.

Estas son apenas unas cuantas piezas del nuevo rompecabezas chiapaneco en la 4T. Como decía el clásico, aún hay más…

Tomado íntegramente de jornada.com.mx/2019/01/22/opinion/014a1pol