Samir Flores, la herida de Amilcingo

 

 Grafico por MarianaH

 

"En Anenecuilco se abre, como una herida, la historia del país”, escribió Gastón García Cantú en Utopías mexicanas. Media década después, en Xochicalco se reafirmó la reiteración del agravio como política hacia el peladaje. En el Amilcingo de hoy se mostró, en blanco y negro, no sólo que la herida original no ha cicatrizado, sino que se ha hecho más profunda y dolorosa.

Son las sombras de la historia regional como ventanas para asomarse a la tragedia de la República; el proyecto de Zapata convertido en proyecto nacional. Anenecuilco, Xochicalco y Amilcingo son comunidades del estado de Morelos en que se resumen los sueños, a un tiempo modestos y profundos, de los hombres del campo y las traiciones de que han sido objeto, mucho más allá de Morelos.

En Anenecuilco nació Emiliano Zapata. Allí se incubó, entre el verano de 1914 y el verano de 1915, al calor de la lucha revolucionaria alimentada por la aceptación de las tradiciones compartidas, una moderna utopía hecha realidad: lo que Adolfo Gilly bautizó como la Comuna de Morelos. Un ensayo de reforma agraria genuina desde abajo, autodefensa armada y autogobierno campesino-indígena. Fieles a sus raíces, los pueblos reconquistaron tierra, agua y bosques; recuperaron su territorio y sembraron los cultivos asociados a la comunidad que anhelaban y, encarrerados, reinventaron su sociedad. En un ejercicio de innovación de la memoria, mantuvieron viva su identidad y la legitimidad de sus anhelos.

En Xochicalco –canta José de Moli­na– grita la tierra, herida por un cu­chi­llo. Lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. En la oscuridad y la traición, soldados de línea, vestidos de campesinos asesinaron a Rubén y a los suyos: su esposa Epifania y sus hijos Ricardo, Filemón y Enrique.

El sucesor de la causa zapatista, que combinó lucha armada, electoral y toma de tierras, defendía los empeños campesinos e indígenas, pero también apoyaba proyectos que pudieran dar trabajo a la población, organizada en cooperativas.

Aún no se había secado la sangre de sus ejecuciones, cuando un campesino morelense le contó a Carlos Fuentes: La muerte de los cinco jaramillos fue el mejor abono para la vida y la acción de 500, de 5 mil nuevos jaramillos. Se murió el jefe. Ahora todos somos jaramillos.

En Amilcingo nació, el 18 de diciembre de 1946, y vivió hasta que sus padres se separaron en 1959, para regresar varias veces, Vinh Flores Laureano. Él fue un incansable héroe local que recorrió los pueblos de la región; defendió los de­rechos de los campesinos y, bajo la di­visa zapatista de educación para el pueblo, fundó con sus compañeros, instituciones educativas como la Normal Rural Emiliano Zapata de Amilcingo (la última de este tipo), el CBTA de Temoac, la secundaria de Xalostoc. Su papel fue clave en la lucha por el reconocimiento del municipio de Temoac (https://bit.ly/3qGe6I6).

Vinh participó activamente en las Juventudes Comunistas y fue dirigente nacional juvenil de la Central Campesina Independiente, ligada al partido de la hoz y el martillo. Se formó en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y pagó muy cara la osadía de desafiar al gobierno y animar la efervescencia rebelde de las comunidades del oriente de Morelos. El 6 de septiembre de 1976, fue torturado y asesinado, junto a su tío Enrique Flores, en la montaña de Tepexco, Puebla.

En Amilcingo también, el 20 de febrero de hace dos años, un grupo de pistoleros le quitó la vida a Samir Flores Soberanes, sobrino de Vinh Flores, indígena nahua, fundador de Radio Amiltzinko, herrero, cultivador orgánico de amaranto, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM) y rebelde contra las fatalidades de la sumisión (https://bit.ly/3ue3nXn).

Si las aguas de los insurgentes de Ayala se convirtieron en caudaloso torrente al grito de ¡Abajo haciendas! ¡Viva pueblos, la lucha de Samir por la continuidad y permanencia comunitaria, y por el respeto al derecho a decidir cómo vivir, se volvió multitud con la demanda de ¡Abajo el PIM! ¡Viva pueblos!

La resistencia, alimentada por Radio Amiltzinko, que comenzó como mo­desto altavoz y se convirtió en la estación 100.7 FM, abrió el camino a la reconstitución comunitaria. La emisora tiene el sello inconfundible de su obra.

Dotado de una formidable capacidad de escucha, Samir Flores fue, como Zapata, Jaramillo o Vinh, hombre de los pueblos de Morelos. Vivió el orgullo y el dolor de sus gentes, defendió sus raíces culturales amenazadas por el despojo que camina de la mano de los grandes negocios. Como ellos, fue sacrificado impune y cobardemente. Al igual que ellos, vive después de muerto en el corazón del pueblo.

El zapatismo de las comunidades morelenses no es nostalgia por los tiempos idos, sino paciente espera de –como señala Carlos Fuentes– la llegada de su tiempo, el tiempo original de sus deseos. No es un pasado enterrado, sino una fuerza constituyente contemporánea, que rechaza vivir como sobrantes humanos y reivindica la lucha por la vida conservando sus tierras, sus aguas y sus modos de coexistir y acordar sobre todo aquello que los afectan.

El legado de Samir, recordado el pa­sado 20 de febrero en las más distintas geografías del planeta, desde los cara­co­les zapatistas hasta Copenhague o Barcelona, nos recuerda que en Amilcingo se abre hoy, como una herida –al igual que ayer en Anenecuilco–, la historia del país.

Twitter: @lhan55

 

Tomado de https://www.jornada.com.mx/2021/02/23/opinion/016a2pol

Acuerdos de San Andrés, el horizonte indígena

 

Hace 25 años se abrió un nue­vo horizonte para los pueblos originarios de Mé­xico. Los Acuerdos de San Andrés sobre Derecho y Cultura Indígena se convirtieron en el documento fundacional de una etapa de largo aliento en su lucha emancipadora; en parte medular de su proyecto estratégico e instrumento esencial para su reconstitución. El equivalente, por utilizar un símil histórico, al Programa del Partido Liberal Mexicano en la Revolución de 1910-17.

Pese al paso de los años y del incumplimiento gubernamental de lo pactado, los acuerdos mantienen su actualidad y respaldo. ¿Qué hace esto posible? Primero que todo, la ruta seguida para su elaboración. Como se explica en el documento Punto y seguido, los zapatistas convirtieron lo que pudo haber sido una negociación entre dos partes en un diálogo abierto, inclusivo e incluyente, de cara a la sociedad y con la participación de las más amplias corrientes de opinión (https://bit.ly/3dckliY).

San Andrés fue una sinfonía coral, interpretada en medio de una escenografía espectacular, en la que, convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se escucharon las voces de los más importantes dirigentes e intelectuales indígenas, al lado de religiosos, antropólogos, abogados, historiadores, filósofos y periodistas, que habían caminado al lado de los pueblos originarios durante décadas. Fue tal la convicción de su palabra, que, con frecuencia, los indígenas invitados por el gobierno hicieron eco de sus planteamientos.

La multiplicidad de lenguas que allí se hablaron pudieron haber desembocado fácilmente en la fallida construcción de una nueva torre de Babel. Sin embargo, el resultado final fue el opuesto: una extraordinaria síntesis que recuperó lo sustancial de las incesantes movilizaciones y reflexiones indígenas que sacudieron regiones enteras del país a lo largo de muchos años.

Un resumen así fue posible por la incuestionable autoridad ético-política de los zapatistas. Ellos fueron el fiel de la balanza para dirimir las más enconadas contradicciones entre sus asesores e invitados. En la negociación, se suscitaron intensos debates entre los convocados sobre temas como el alcance de los derechos humanos, la cuestión de género, las regiones pluriétnicas autonómicas o las formas de representación política. Pero, no obstante el encono que la discusión tuvo por momentos, la autoridad rebelde, sumada a su capacidad de escucha, jerarquización de lo esencial y resumen permitieron aterrizar lo discutido en los acuerdos y en Punto y seguido, con el consenso de la inmensa mayoría de los invitados.

Más allá del mosaico multiétnico del México profundo que se desplegó en toda su riqueza en los diálogos, las reflexiones desde el campo de los asesores rebeldes incorporaron una perspectiva internacional, especialmente latinoamericana. Se pusieron sobre la mesa las enseñanzas y debates por el reconocimiento de los derechos indígenas en la OIT (Convenio 169) y la ONU, así como en varios países americanos (Nicaragua, Colombia, Brasil, Ecuador). También, las experiencias de procesos de paz en Sudáfrica, Palestina, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia.

Los acuerdos no tienen como materia prima elementos exclusivamente nacionales. Están en sincronía (y en algunos puntos, pasos adelante) con las movilizaciones y reivindicaciones de los pueblos originarios y legislaciones de un ciclo de lucha abierto en la región entre 1984 (primer proceso de paz en Colombia) y 1992 (500 años de resistencia indígena, negra y popular). San Andrés fue una especie de pre-Constituyente para refundar el país. Estableció la necesidad de modificar la Constitución legal de la sociedad mexicana al añadir al principio de los ciudadanos el de los pueblos indígenas. Anunció, a su manera, la inevitabilidad de establecer un Estado plurinacional.

Los acuerdos anticiparon nuevas modalidades de expolio y explotación que perpetrarían el neoliberalismo y el neoindigenismo desarrollista. Buscaron levantar un muro de contención jurídica capaz de brindar protección a los pueblos originarios de la embestida para despojarlos de sus territorios y convertirlos en jornaleros sobrexplotados en las modernas fincas agroexportadoras. La expansión incontenible de megaproyectos, concesiones mineras, narcotráfico y agroindustrias desafían hoy su sobrevivencia, como ayer lo hicieron finqueros y terratenientes, grandes ganaderos, compañías madereras, caciques, políticos corruptos, distribuidores de trago y la construcción de grandes presas.

Más allá de la construcción de la autonomía sin pedir permiso que los zapatistas iniciaron en sus territorios, en nombre de los acuerdos, multitud de comunidades indígenas en el país han formado policías comunitarias y reconstituido sistemas de impartición de justicia propios, nombrado autogobiernos municipales al margen de los partidos, recuperado sus sistemas normativos internos, impulsado proyectos de educación alternativos, hecho florecer sus lenguas y culturas y forzado la aprobación de reformas legales.

Pese a que han transcurrido 25 años de su firma, los acuerdos de San Andrés mantienen su actualidad. Han sido y son parte de la sangre que corre por las venas de la insumisión indígena.

A la memoria de Ricardo Robles, el Ronco.

Twitter: @lhan55

 

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/02/16/opinion/016a2pol

Radiografía chiapaneca en la 4T [ por Luis hernández Navarro. La jornada ]

Imagen tomada de angulo7.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/marcha-asesinato-No%C3%A9-Jim%C3%A9nez-Pablo-Amatan-Chiapas.jpg

 

El cuerpo de Noé Jiménez Pablo, rociado con ácido, fue encontrado en un basurero, a tres kilómetros de la cabecera municipal de Amatán, Chiapas. Tenía balas en el abdomen y el pecho. Su cabeza y rostro estaban completamente desfigurados.

Un día antes, el 17 de enero, un grupo de pistoleros al servicio de los hermanos Carpio Mayorga, caciques de Amatán, salieron de la casa del ex presidente municipal Wilber, hermano de Manuel, el actual alcalde, con pasamontañas y armas de alto calibre. Dispararon y golpearon salvajemente a los integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común, quienes, desde hace cinco meses, instalaron un plantón pacífico frente al palacio municipal, para exigir la destitución del edil. Noé quedó tendido en el suelo hasta que los paramilitares se lo llevaron.

Jiménez Pablo era dirigente del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional y del Movimiento por la Paz. Era activo participante en la lucha contra el cacicazgo de los hermanos Carpio Mayorga. Amatán es un municipio que hace frontera con Tabasco, parte del corredor por el que el crimen organizado transporta drogas, armas y migrantes indocumentados.

El clan Carpio Mayorga tiene el control del municipio desde años. Está cobijado por el ahora senador por Morena Eduardo Ramírez Aguilar, y por el ex gobernador Manuel Velasco. Manuel de Jesús fue alcalde entre 2001 y 2004 con el PAN, y repitió entre 2012 y 2015 con el PVEM. Su hermano Wilbert lo sucedió en el cargo con el mismo partido político entre 2015 y 2018. Y en 2018, Manuel de Jesús ganó nuevamente la presidencia municipal con Morena. Este partido lo postuló a pesar de su nefasto historial y de las denuncias que hicieron en su contra los integrantes del Mocri.

El homicidio de Noé en Chiapas dista de ser un hecho excepcional. En los primeros días de enero fue asesinado el defensor de derechos humanos del municipio de Arriaga, Sinar Corzo. Horas después de salir de una reunión con autoridades municipales para demandar la construcción de caminos y el mejoramiento de las comunidades pesqueras, dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon después de llamarle por su nombre. Ya había sido amenazado de muerte. Defendía a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre de 2017, y el derecho al agua, a la salud y a servicios básicos de los habitantes del municipio.

Grupos armados ligados a los cacicazgos locales han desplazado forzadamente a miles de indígenas en municipios y comunidades como Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama y Chavajeval. Y han generado violencia en lugares como Yajalón. El terror reina allí. Están protegidos por funcionarios públicos de distintos niveles. Sus orígenes son distintos y responden a intereses diferentes. En algunos casos, esos grupos son los sucesores del paramilitarismo nacido del conflicto armado interno. En otros, son creación de cacicazgos locales. Militan en varios partidos políticos. Tanto en la administración de Manuel Velasco como en la actual del morenista Rutilio Escandón han sido indiferentes a la crisis humanitaria de los desplazamientos forzados. Han tratado de administrar y minimizar los conflictos, sin solucionarlos.

Esta violencia no es un hecho fortuito. Proviene de la naturaleza de la estructura del poder político en Chiapas. Son parte intrínseca de su funcionamiento. Dos ejemplos, entre muchos más. El nuevo fiscal de justicia de esa entidad, Jorge Luis Llaven Abarca, es responsable de varios casos de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y actos de tortura, cometidos cuando fue delegado de la Procuraduría General de la República y como titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, de la entonces Procuraduría General de Justicia de ese estado. Recomendaciones de la CNDH, como la 26/2002, lo documentan. El nuevo auditor superior, José Uriel Estrada Martínez, estuvo preso en 2006 tras ser acusado de participar en la tortura y ejecución del líder campesino Reyes Penagos Martínez.

Muchos de los apellidos que dominan hoy la política chiapaneca son los mismos que hace décadas sentaron sus reales en ese estado. Son herederos de los viejos finqueros, hoy reconvertidos en empresarios al amparo de la administración pública. Resurgieron del golpe que el levantamiento armado les propinó en 1994, primero de la mano del PRD y luego del Partido Verde y, hoy, de su transmutación local en Morena. Otros, son producto de una nueva generación de políticos. Este es el caso de los senadores de Morena, provenientes de las filas del PVEM. Sasil de León es hija de Óscar de León González, quien llegó a Chiapas en 1994, y fundó Unidad Nacional Lombardista (Unal), grupo de gestión y choque, estrechamente vinculado al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, dedicado a combatir al zapatismo. Y Eduardo Ramírez de Aguilar, operador político del ex gobernador Manuel Velasco, figura clave en reclutar los peores cacicazgos indígenas ligados al PRI a las filas del partido Verde.

Estas son apenas unas cuantas piezas del nuevo rompecabezas chiapaneco en la 4T. Como decía el clásico, aún hay más…

Tomado íntegramente de jornada.com.mx/2019/01/22/opinion/014a1pol

Bertolucci en la Lacandona [ por Luis Hernández Navarro. La Jornada ]

Son cerca de las 5.30 de la tarde del pasado 31 de diciembre. La tarde es luminosa. Como si se tratara de la escena climática de una película épica de Bernardo Bertolucci, las tropas de la 21 división de infantería zapatista se despliegan como una enorme serpiente de las Cañadas que va enroscándose marcialmente en el caracol Madre de los caracoles, mar de nuestros sueños de la Realidad, Chiapas.

En la avanzada del despliegue militar hay un destacamento de mujeres zapatistas motorizadas que, al llegar a la plaza central, se abre a los cuatro costados para delimitar el perímetro de operaciones. Les sigue un grupo de milicianas que rodean el cuadro, como si fueran sus guardianas. La cabeza del gigantesco ofidio selvático está integrada por mandos a caballo, entre ellos el comandante Tacho y el subcomandante Moisés. Le sigue una columna de más de 4 mil combatientes en fila de dos en dos, uniformados con pantalón y gorra verde, camisa café, pasamontañas negros y paliacates rojos, cada uno de ellos con dos bastones de madera de unos 75 centímetros de largo, que, al chocar uno contra el otro, marcan el paso de la formación de tropa. No alcanzan a entrar todos.

Esa misma división –se explica en un video de Enlace Zapatista (https://bit.ly/2LR6A9y)– es la que hace 25 años tomó las cabeceras municipales de Altamirano, Oxchuc, Huixtán, Chanal, Ocosingo, Las Margaritas y San Cristóbal. Está reforzada con combatientes de la segunda y tercera generación, zapatistas que eran infantes en 1994 o no habían nacido, y crecieron en la resistencia y rebeldía.
La celebración del 25 aniversario del levantamiento armado del EZLN no es la puesta en escena de un movimiento social. Es muestra de potencia de una fuerza político-militar con orden, disciplina, cohesión, destreza, capacidad logística, base social, mando y control del territorio.

Si en sus apariciones públicas durante los últimos años los zapatistas privilegiaron mostrar su cara cívica y popular, a través de seminarios y coloquios, festivales de arte, escuelitas y exhibiciones fílmicas, este 31 de diciembre pusieron sobre la mesa su rostro militar. Uno que no implica agarrar un arma, pero sí resistir. El mensaje simbólico de su despliegue no pudo ser más explícito.

La celebración es rematada por una enérgica arenga del subcomandante Moisés dirigida a las estructuras militares zapatistas, sus autoridades civiles y a sus bases de apoyo. Les dice: estamos solos, como que no nos miran, como que no nos escuchan. Nos quieren mentir, nos quieren engañar. Es una burla, una humillación. Vienen por nosotros, por el EZLN. No le tenemos miedo al gobierno. Aquí el mal gobierno no manda, mandan las mujeres y los hombres.

Como se sabe (aunque frecuentemente se quiere olvidar y se prefiere hablarle al subcomandante Galeano), Moisés es el vocero del EZLN. Indígena tzeltal, jornalero agrícola en las fincas infernales de Chiapas, compañero del subcomandante Pedro con el grado de mayor en la toma de Las Margaritas y del subcomandante Marcos, él es hoy quien habla a nombre del zapatismo y sus pueblos. No es figura decorativa. Es el vocero de la insurgencia. Sus palabras son síntesis de una vida de sufrimiento y lucha, y de los anhelos emancipadores de los pueblos originarios.

Despliegue militar y palabras deben valorarse juntos. Aunque hay una imbricada historia de desencuentros entre el obradorismo y el zapatismo, la dureza de los señalamientos rebeldes y su movilización de fin de año parecieran responder a dos hechos centrales. La amenaza de una ofensiva en su contra por parte del nuevo gobierno y diferencias programáticas de fondo.

No es paranoia. Voceros de la Cuarta Transformación (4T) han proclamado informalmente a los cuatro vientos que el EZLN fue derrotado, mientras promotores de la nueva Guardia Nacional amagan con emprender acciones de contención contra los rebeldes.

El zapatismo (y multitud de pueblos indígenas y grupos de derechos humanos) tienen diferencias sustanciales con el obradorismo. Acosado por la militarización de Chiapas durante más de un cuarto de siglo, el EZLN rechaza la Guardia Nacional y la considera un paso adelante en la militarización del país. Con una larga lista de militantes asesinados, se opone al punto final que deja impunes crímenes del pasado. Acosado por quienes pretenden despojarlo de sus territorios, ve en el Tren Maya y los proyectos de reforestación la punta de lanza para destruirlos. Comprometido con la reconstitución de los pueblos originarios, encuentra en las ceremonias new age del nuevo gobierno un engaño. Decidido a hacer realidad otro mundo, mira en la pretensión de la 4T de gobernar simultáneamente para explotados y explotadores, no sólo el eco de las palabras del represor Absalón Castellanos Domínguez, sino una locura. Empeñado en luchar contra el capitalismo, cree que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la continuidad de éste.

No hay que hacerse bolas. La aparición de Bertolucci en la Lacandona anticipa que, en contra de lo que algunos creen, nada está escrito en definitiva en el sureste.

Twitter: @lhan55

Tomado de jornada.com.mx/2019/01/08/opinion/017a1pol#.XDSmmlhj5DM.twitter